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La objeción sanitaria ante el aborto es un derecho y una obligación

Paloma Fernández Cárdenas - 30/07/2010 La delegación de Derecho Sanitario del Centro Jurídico Tomás Moro, junto a la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), Derecho a Vivir y HazteOir.org, presentaron ayer en Madrid la primera Guía de Objeción de Conciencia Sanitaria al aborto, con el objetivo de defender el derecho de todo el personal sanitario La defensa de la vida no sólo es una obligación del Estado y de las instituciones públicas, también es un compromiso de todos los ciudadanos. Así lo deja claro la primera guía de objeción de conciencia sanitaria ante el drama del aborto. Esta Guía se presentan tras las numerosas consultas atendidas sobre la objeción de conciencia sanitaria a raíz de la Ley Aído, y en medio de las trabas que algunas Comunidades Autónomas están poniendo a los profesionales sanitarios que en conciencia se niegan a colaborar en la matanza de decenas de miles de seres humanos, que han incrementado la preocupación de los médicos, enfermeros, anestesistas, trabajadores sociales y administrativos (entre otros profesionales del ámbito sanitario) por su libertad de conciencia. Las tres grandes víctimas del aborto son el niño no nacido, la madre sobre la que se ejercita una nueva clase de violencia institucionalizada, y el servicio médico que se ve forzado legalmente a colaborar en la consecución de la muerte de miles de seres humanos inocentes. La Ley Orgánica 2/2010, sólo reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en el aborto y por lo que respecta a estos profesionales, en su art. 19.2 establece que dicha objeción de conciencia tiene que manifestarse anticipadamente y por escrito, obligando precisamente al objetor a declarar implícitamente sobre su ideología, religión o creencia, condicionándose dicha objeción al no impedimento por la misma al acceso y calidad asistencial de la madre que pide abortar. Dicha regulación atenta a la propio jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya en la STC 53/1985, en su fundamento jurídico 14, cuando se le planteó la posible inconstitucionalidad de la ley que despenalizaba determinados supuestos de aborto por no contemplar la regulación de la objeción de conciencia de los médicos y demás personal sanitario, se pronunció de forma categórica acerca de la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia por parte del personal sanitario a quien pudiera corresponder practicar un aborto, aunque la ley no dijera nada al respecto. Es decir, las restricciones de la nueva legislación, en cuanto a los sujetos objetantes, y en cuanto a las condiciones y extensión de la objeción de conciencia, suponen un claro quebrantamiento de los artículos 16 y 18 de la Constitución Española. Además, en la presentación de la Guía se propugnó la ampliación de la objeción a la realización del diagnóstico prenatal. Y es que es evidente que para poder realizar el aborto eugenésico regulado en la ley, se necesita de un previo informe, es decir, de un diagnóstico prenatal, sin embargo, no se regula la objeción de conciencia del personal que realiza tal práctica y que en principio parece no ser alcanzado por la objeción del personal que interviene directamente. El presidente del Centro Jurídico, Javier Pérez- Roldán y Suanzes señaló que “la propia OMS critica un sistema de diagnóstico prenatal sin la posibilidad de proporciones “opciones reproductivas” y reconoce la posibilidad de que los médicos que se oponen al aborto no participen en los programas de diagnóstico prenatal.” El informe del Consejo de Estado ante la nueva ley de aborto, ya alertaba sobre la vinculación entre diagnostico prenatal y aborto eugenésico, recordando que tal causa de aborto es contraria al ordenamiento jurídico internacional suscrito por España, por constituir una discriminación por motivos de salud. Así pues, el diagnóstico prenatal utilizado para detectar anomalías con objeto de producir el aborto es contrario al ordenamiento jurídico internacional y las declaraciones del Consejo de Europa (Comité de ministros N/90 del 13al 21/6/1990) o del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO (Informe 29/08/1994). Es más, los programas de diagnóstico prenatal que contemplan como utilidad acabar con la vida del ser humano embriofetal enfermo son contrarios al código deontológico de la profesión médica. El 27.3 de dicho Código indica que “El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”. Otra norma, recogida en el artículo 24.1 del vigente Código de Ética y Deontología Médica, establece que “al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes”. El artículo 26.1 del mismo Código reconoce que “el médico tiene el derecho a negarse por razones de conciencia (…) a interrumpir un embarazo”. El médico que desee ajustarse a su código deontológico debe tratar al ser embriofetal enfermo con los mismos criterios éticos que a cualquier otro paciente y eso incluye no someterlo a pruebas que puedan someter al paciente a un riesgo directo de muerte, o que estén diseñadas para que acabar con su vida sea una opción, ni atender a la solicitud de que se acabe con su vida. Por ello los impulsores de esta Guía quieren dar su apoyo al amplio colectivo médico que con la entrada en vigor de la L.O. 2/2010 ve violado su derecho fundamental a la objeción de conciencia, y manifiestan su apoyo total e incondicional a todos los facultativos que quieran objetar, a la vez que advierten que permanecerá vigilante al cumplimiento de la ley, y denunciarán todas las irregularidades que se produzcan en el cumplimiento de la misma, afecten estas a las diversas administraciones públicas, a los clínicas abortivas, o a los médicos que intervengan de forma ilegal en la práctica de abortos. De igual forma, estos colectivos instan al personal sanitario adscrito a la Sanidad Pública a defender de forma activa el derecho a la vida, recordando que ninguna ley prohíbe informar a la mujer gestante de la existencia de multitud de fundaciones, asociaciones, e instituciones que están dispuestas a ayudarla en su maternidad, y se les insta a entregar a la mujer información sobre las consecuencias físicas y psíquicas del aborto o ecografías o fotografías que reflejen el desarrollo embrionario o fetal, independientemente de lo que digan las leyes, que sólo establecen un mínimo de información.

Recuerdan a Aído que registrar objetores de conciencia ante aborto es discriminatorio

MADRID, 26 Jul. 10 (ACI).-El Foro Español de la Familia (FEF), recordó a la ministra de igualdad, Bibiana Aído, que la intención de que los objetores de conciencia al aborto sean inscritos en un registro es discriminatoria, porque va contra el derecho a la intimidad y contra la libertad ideológica y religiosa.

“Pretender obligar a los objetores de conciencia frente al aborto a que se inscriban en un registro, es una medida discriminatoria que permitiría poner en marcha listas negras y cazas de brujas por motivos ideológicos como sucedía en los regímenes totalitarios del siglo pasado”, expresó el presidente del FEF, Benigno Blanco.

El FEF recordó que el Tribunal Constitucional precisó en 1985 que la objeción de conciencia es un derecho que forma parte de la libertad ideológica y religiosa garantizada por la Constitución y por lo tanto no puede subordinarse su ejercicio a la previa inscripción en registro alguno, trátese de un registro administrativo o de un registro organizado por los colegios profesionales.

Blanco dijo que las palabras de la ministra, reclamando una regulación de la objeción con la limitación de que se garantice la “prestación del servicio”, demuestran que “desconoce la verdadera naturaleza de la libertad ideológica y religiosa y de su expresión en la objeción de conciencia”.

Por otro lado, el foro señaló que la nueva ley del aborto “sólo ha aumentado la seguridad jurídica de presuntos delincuentes, como el doctor Morin, a los que se les está liberando de las acusaciones penales que existían contra ellos y, por el contrario, esta generando nuevos ámbitos de inseguridad jurídica, entre otros, a los profesionales de la salud que se niegan a colaborar en la eliminación de la vida del niño por nacer”.

“Se va así poniendo de manifiesto la gran mentira de la propaganda con la que desde el Gobierno se ha querido vender una Ley que no supone más que desproteger jurídicamente al no nacido, a la mujer y a los propios profesionales de la salud”, indicó el FEF.
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Funcionarios de Andalucía alegarían contra ley del aborto, afirma ANDOC
 

MADRID, 25 Jul. 10 (ACI).-La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (ANDOC), informó que los funcionarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), están preparando alegaciones a la ley del aborto, pues se sienten “utilizados como ‘instructores en procesos extrajudiciales de pena capital’”.

“El SAS es un ejemplo de incoherencia administrativa, pues en cada provincia y en cada distrito se siguen instrucciones verbales distintas”, señaló la ANDOC.

Relató que en Sevilla se pretende que estos funcionarios “diligencien las peticiones de aborto, en formularios donde no aparece el nombre de la beneficiaria, pero sí obliga a que aparezca” los datos del funcionario.

“En Granada se pretende que sean los médicos de atención primaria, o los enfermeros, y en zonas rurales exclusivamente los médicos para preservar el anonimato de la solicitante de aborto”, añadió.

Indicó que en el caso de Málaga, se quiere convertir a los enfermeros en “diligenciadores de esos trámites, que son administrativos, una función diferente de la que corresponde a los enfermeros. Sea como sea, desde Huelva a Almería las normas de asignación de cometidos no existen, o son verbales, y ambiguas”.

“Ese proceder sistemático de la Junta de Andalucía de ley del aborto, deja en indefensión a los profesionales sanitarios, y a los funcionarios y trabajadores sociales, que no pueden conformar su voluntad, y les priva del derecho de recurrir si es que así lo estimaran: La Consejería de Salud esquiva materializar en nomas y órdenes a los interesados los nuevos cometidos que adquieren por aplicación de la Ley”, criticó ANDOC.
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Experta en México: Defender vida contra aborto no es cuestión de religión 
 

MÉXICO D.F., 25 Jul. 10 (ACI).-Una experta en temas de familia recordó a los mexicanos que la defensa de la vida no es una cuestión religiosa y recordó que esta se basa en la certeza científica de que un concebido es un nuevo ser humano.

En el artículo “El drama del aborto”, publicado en el Diario de Yucatán, Lourdes Casares de Félix de la Asociación en Defensa de la Familia, explicó que el derecho a la vida no se ha convertido en un derecho religioso. “¿Acaso defender la vida de un ser humano inocente es cuestión de religión? Aceptar que el embrión antes de las 12 semanas y desde su concepción es una persona cuya vida debe respetarse y afirmar que el aborto es un crimen no es cuestión de religión, es un argumento que se basa en la ciencia como podría demostrar el doctor en Medicina y Ciencias y profesor de Genética Fundamental, Jerome Lejeune“, indicó.

“Científicamente se ha probado que hay vida y que es humana. Aquí la pregunta moral o ética sería: ¿Se debe permitir dar muerte a esa vida? La respuesta la puede dar cualquier ateo humanista. Ante la falta de argumentación científica para promover el aborto siempre hay el recurso de culpar a la religión”, agregó.

Casares recordó que “el drama del aborto no sólo radica en despojar al no nacido de derechos, ni en empeñarse en no reconocerlo como la persona que es, ni en aceptar o negar su capacidad de sentir dolor o placer, ni en minimizar su capacidad potencial de razonar y decidir, el drama es la triste deshumanización del ser humano empeñado en destruir la vida de seres indefensos negándoles la oportunidad de vivir”.

Google cambia su política publicitaria para permitir anuncios de servicios de interrupción del embarazo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Google ha decidido cambiar su política publicitaria en España, que no permitía publicar anuncios de clínicas autorizadas para realizar interrupciones del embarazo y, a raíz de “cambios recientes en la legislación española”, permite desde el pasado 13 de julio la publicidad de este tipo de servicios.

   Así, Google ha enviado un correo electrónico a la asociación HazteOir.org, en el que le comunica que ha modificado su “política de servicios publicitarios en materia de aborto” y permite desde la semana pasada “publicar anuncios relativos a servicios sanitarios de interrupción voluntaria de embarazos en España, que anteriormente no estaban permitidos”, según ha afirmado a Europa Press el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga.

   La compañía ha justificado su decisión en que los servicios publicitarios de Google se rigen por “aspectos de negocio, legales y de sensibilidad cultural” en los países en los que opera la empresa. Asimismo, la compañía ha respondido a HazteOir.org que revisa sus políticas de manera periódica “con el objetivo de mantener su vigencia y eficacia”. “Nuestro objetivo es tener siempre políticas que sean justas, coherentes y a su vez flexibles”, ha señalado..

   Varios representantes de las clínicas abortistas se reunieron en mayo con miembros de la empresa estadounidense para tratar de convencer a la empresa de que modificase su política sobre el veto a los anuncios de este tipo de centros en España para adecuarse a la nueva legislación. Posteriormente, Google se reunió también con HazteOir.org, que mostró su oposición a este tipo de anuncios.

   Entre esas reuniones y la decisión de Google de permitir este tipo de anuncios, ha entrado en vigor la nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), basada en un sistema de plazos que permite el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto.

HAZTEOIR.ORG MUESTRA SU “DECEPCIÓN”

   Tras conocer la noticia, el presidente de HazteOir.org ha mostrado su “decepción” a Google. En este sentido, la asociación señala que “jurídicamente, el aborto sigue siendo un delito, despenalizado en determinados supuestos, a partir de la semana 14 del embarazo”. “El aborto sigue tipificado en el código penal español, con penas de cárcel para el empresario o profesional que lo comenta fuera de los supuestos de despenalización”, afirma Arsuaga.

   Por ello, considera que si no se impide la publicación de anuncios de empresas autorizadas a practicar abortos a partir de la semana 14, “Google anunciará y promoverá la práctica de delitos, aún en los casos en que ese delito no lleve aparejada la pena correspondiente”.

   Asimismo, recuerda que la Ley ha sido recurrida al Tribunal Constitucional, que todavía no ha dictado Sentencia, por lo que cree que la decisión de Google es una “imprudencia”, ya que, a su juicio, es “muy posible que la ley del aborto sea declarada inconstitucional”.

   Por otro lado, HazteOir.org ha señalado al buscador que la decisión de admitir la publicación de anuncios de empresas abortistas en España nos parece incompatible con la política que Google aplica en países como Alemania o Francia, por la que se impide en estos países anunciar sitios web que promocionen “servicios de aborto”.

   Asimismo, HazteOir.org se queja de que Google “no entra a considerar la tragedia que supone el aborto, que implica, por una parte, la muerte cruel y violenta de un ser vivo de la especie humana y, por otra, un terrible drama para la mujer que lo sufre” y se beneficia económicamente de una industria que “han basado su modelo de negocio en acabar con la vida de seres humanos inocentes y en ocultar a sus clientas las consecuencias físicas y psíquicas del aborto que quieren cometer”.

Cinco jueces del Constitucional denuncian que la Ley del aborto crea un “daño irreparable”